"Una 'Ley de Punto Final' para los regadíos ilegales pedía, a bombo y platillo en el año 2000, el anterior consejero de Agricultura de la Región de Murcia, Antonio Cerdá. Por aquellos años, además, algunos empresarios hortofrutícolas murcianos le decían públicamente al entonces vicepresidente de la Región, Antonio Gómez Fayren, que cambiara la Ley para que los agentes medioambientales y guardas fluviales no los achicharraran a denuncias por poner nuevos regadíos, incluso roturando montes y ramblas. Por aquel entonces también, el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, en el famoso caso del 'robo del agua', detectó un sinfín de nuevas hectáreas de regadío en la cuenca del Segura que habían sido reiteradamente denunciadas por aquellos agentes del orden. Denuncias que no habían tenido eco en los organismos encargados de tramitarlas y que, curiosamente, muchas de ellas se agrupaban en torno a un ramillete no muy amplio de empresas y firmas del sector agroalimentario y de la construcción muy conocidas".
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